Hagamos memoria: la Justicia porteña falló contra el GCBA, al declarar inconstitucional la creación de las Unidades de Atención Ciudadana (UAC decreto 376/11).
El juzgado 15 en lo Contencioso Administrativo consideró que el Gobierno porteño violó normas constitucionales y legales de la Ciudad al crear organismos descentralizados con atribuciones y competencias propias de las Comunas. El juez Víctor Trionfetti declaró inconstitucional el decreto del jefe de gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, para la creación de las Unidades de Atención Ciudadana (UAC). La resolución se dio en el marco del recurso de amparo presentado a fines de agosto de 2011 por 35 legisladores, comuneros y vecinos de la Capital Federal.
En la sentencia se declara la inconstitucionalidad y la nulidad del decreto 376/11, cuyo texto era similar en atribuciones a la Ley de Comunas. La resolución del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creó 15 unidades que iban a funcionar a la par de las Juntas Comunales, pero dependiendo directamente del jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta.
LAS COMUNAS...
Las Comunas (Título Sexto, artículos 127 al 131 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) son el fruto de un largo reclamo de la sociedad civil y el triunfo de la política democrática en la breve historia de la Ciudad como distrito autónomo.
Carlos Oviedo fue uno de los 60 Legisladores que votaron esa Constitución en 1996, que sesionó en la Biblioteca Nacional.
Desde su creación, en 2005 por la ley 1.777, están compuestas por una Junta Comunal, de 7 miembros, elegidos por el voto popular en las elecciones que también consagran al Jefe y Vicejefe de Gobierno, y a los diputados que ocupan la Legislatura unicameral de la Ciudad.
En la estructura de las Comunas, cada Junta es un órgano ejecutivo descentralizado que no responde al gobierno central. En paralelo, existen Consejos Consultivos, donde los vecinos, las instituciones barriales y las organizaciones políticas participan de asambleas donde establecen su propio reglamento, y buscan evaluar el desempeño de la Junta, así como generar propuestas propias. Uno de los efectos más importantes de estas normas era la elaboración de presupuestos participativos.
El Gobierno de la Ciudad no cumplió con la transferencia de competencias, aun estableciendo un cronograma. Del presupuesto que debía remitirse para que los comuneros pudieran cumplir sus funciones ejecutivas, solo figuran los salarios.
Desde el principio, el macrismo quiso vaciar el ámbito de las Comunas a través de la creación de las UAC. Además promovieron la desinformación, porque hoy más de 6 de cada 10 vecinos no saben qué son las Comunas.
DESDE FEBRERO 2013...
El Ejecutivo porteño apeló el fallo pero la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario aún no aceptó que el planteo escale al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tal como pretende la administración que conduce Mauricio Macri. La justicia había exigido, de manera oficial, que se acate el fallo y los ex CGP pasen al control comunal. Mientras tanto, desde los Consejos Consultivos intimaron a los presidentes de cada Comuna pertenecientes al PRO para que informen de manera "documentada" el motivo por el que no se cumple la orden judicial.
Pese a que pasaron 5 meses desde la resolución judicial, en ninguna de las 15 jurisdicciones se llevó cabo la transferencia de funciones de las denominadas "comunas paralelas" diseñadas por el macrismo a las Comunas.
"El decreto 376/11 mantiene en la estructura del Gobierno central competencias que por decisión legislativa corresponden a las autoridades comunales", sostuvo el fallo emitido en febrero por la Sala II, que echó por tierra la resolución de Macri que dio origen a las UAC.
La justicia afirmó que "el decreto no se ajusta a las directivas y normas plasmadas en la Constitución porteña y en la Ley de Comunas", con lo que ratificó que las UAC mantenían funciones superpuestas con las Juntas Comunales. Los jueces habían hecho lugar a una medida cautelar y luego fallaron sobre el fondo de la cuestión declarando "la ilegitimidad" del decreto.
"En suma, el decreto 376/11 parece mantener la misma estructura de los CGPC, simplemente modificando su nombre. Por lo demás, si bien es cierto que el jefe de Gobierno tiene atribuciones para ejercer la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno central con las Comunas, esa atribución se habría de ejercer en el marco establecido por la ley 1777 sin que quepa desnaturalizar ese sistema por medio de un acto reglamentario de inferior jerarquía que se exhiba contrario a la ley", concluyó la sentencia judicial.
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