Luego de tomar muestras de 962 niños menores de 6 años de la
Villa 21-24, un estudio socioambiental realizado por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) evidenció que "el 25% tiene plomo en sangre".
El relevamiento, publicado por el periódico Sur Capitalino, también abarcó a la
Villa 26, cuyos resultados se conocerán en poco tiempo. Ambos asentamientos están ubicados sobre los márgenes de la cuenca, cuyo saneamiento fue estipulado por la Corte Suprema hace más de cinco años, pero que no todos los distritos cumplen. Los especialistas enfatizaron la relación entre estos datos y la demora en la relocalización de las más de 1.500 familias que siguen habitando ese espacio del Camino de Sirga, a pesar de que en enero debían entregarle su nueva vivienda a la última familia del lugar. A contramano de estas necesidades insatisfechas,
el gobierno porteño recortó unos 6 millones de pesos del presupuesto asignado a la zona, y en cinco años, apenas efectivizó la mudanza del 14% de las familias.
Un primer dato de la encuesta es contundente: dos tercios de los hogares "tienen al menos una necesidad básica insatisfecha". El trabajo se enmarca dentro de la Evaluación Integral de Salud en Áreas de Riesgo (Eisar), realizada en la Villa 21-24 por un equipo interdisciplinario de ACUMAR y por representantes del barrio convocados por el Centro de Atención Primaria de la Salud (Cesac) Nº 35. Durante casi tres meses, en la zona más cercana al Riachuelo de las 60 hectáreas de la Villa 21-24 donde viven 55 mil prsonas, 60 especialistas realizaron estudios a 962 niños, 95 embarazadas y 158 adultos mayores de 60. El valor de referencia internacional es de hasta 5 microgramos por decilitro de sangre (5,1 ug/dl). Al 25% de niños con presencia de plomo en sangre, se le agregó que el 21,5% muestra un "probable retraso en su desarrollo", según la evaluación psicomotriz.
En efecto, el plomo puede provocar trastornos en el desarrollo para el aprendizaje y anemia. La prevalencia de anemia en menores de 2 años fue del 32,1%, y en las embarazadas, del 21,8 por ciento. Para los
casos positivos de plomo, se solicitaron extracciones venosas en busca de un análisis exhaustivo, tarea que ahora corresponde a los efectores de salud porteños.
"Encontramos que la población donde más incide el riesgo por contaminación con plomo es en los menores de 3 años, lo que se relaciona con los hábitos de ese grupo etario, como estar mucho en el piso", destacó a
Tiempo Argentino Fernando Nunes, director del Área de Salud Ambiental de ACUMAR, que ya censó unas 65 mil viviendas, entre Ciudad y provincia. Agregó que "los valores y porcentajes son bajos, pero el grupo etario es muy vulnerable".
Las condiciones de estos terrenos emplazados en
un sitio que supo ser un basural no ayudan al andar de los niños. El 42% de los censados no tiene inodoro o lo tienen sin descarga. Del resto, casi el 20% tiene desagüe a pozo ciego o excavación en la tierra, lo que transforma al lugar en una "zona de riesgo muy alta". A su vez, el 20% está por debajo de la línea de pobreza.
En este marco,
sobresale aún más la demora de la Ciudad en la relocalización de 1.334 familias de la Villa 21-24 y otras 225 de la Villa 26.
"Todos los plazos judiciales están vencidos. En la 21-24 debía finalizar en enero de este año", enfatizó el asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Gustavo Moreno. 467 familias aún no tienen terrenos asignados.
Se ha reclamado que las primeras trasladadas sean las 400 familias "prioritarias" que viven en el
Meandro de Brian, la zona más afectada, lo que incluso admite un estudio ambiental del Ejecutivo porteño. Pero el IVC prefiere comenzar por el barrio San Blas, "por cuestiones logísticas" en relación con el paso de maquinarias. Moreno también cuestionó que el organismo porteño "sólo se limita a trasladar a la gente y olvidarse", y dio un ejemplo: las 33 familias del barrio Luján trasladadas en junio de 2010 a Cruz y Lacarra continúan sin gas.
El estado del riachuelo
"En este momento estamos en un 50% del saneamiento de la cuenca", expresó el secretario de Medio Ambiente y titular de Acumar,
Juan José Mussi, en marzo pasado, cuando también se refirió al financiamiento de Acumar. Este organismo, creado por ley ante el requerimiento de la Corte Suprema, se maneja con un 50% de aportes de Nación, un 25% de Ciudad y otro 25% de provincia de Buenos Aires.
"La provincia lo puso en su presupuesto y dijo 'no tengo dinero para poner', pero la Ciudad directamente niega su participación. Son 160 millones de pesos por año y pusieron sólo 25 millones", dijo.
En la audiencia pública de octubre último, la Corte los intimó porque Acumar corría peligro, pero pasado el tiempo no hubo penalización a ninguno.
Según datos oficiales, hay 13,5 millones que el Ministerio de Desarrollo Urbano de Ciudad debía aportar a la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo y que al cabo del primer trimestre de 2013 no fueron ejecutados ni en un solo peso.
"no hubo progresos"
En octubre pasado, la Asesoría General Tutelar (AGT) advirtió sobre graves déficits en el demorado proceso de relocalización que el gobierno porteño prevé efectuar para las 1.824 familias que viven a orillas de la Cuenca Matanza-Riachuelo, de las cuáles se mudó a menos de un 20 por ciento.
Se dispuso la relocalización en el sur, en su mayoría en
la Comuna 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati) y en menor medida en la 9. La 8 es la segunda con mayor crecimiento demográfico en nueve años (15,8%), y la que cuenta con la mayor cantidad de chicos de todo el distrito: 56.125, un 30% del total. Es la que más depende del sistema público de Salud y Educación, la que tiene el mayor porcentaje de población que no inició el nivel medio (33,3%) y el menor número que inició el ciclo superior (19%), además de un déficit de algo menos de mil vacantes en jardines de infantes. La AGT remarcó que en los nuevos sitios “no hay mayor inversión, no se contrataron médicos ni construyeron más escuelas primarias."
La asesora general tutelar de Ciudad,
Laura Musa, señaló a este diario que "no hubo progresos. Es una decisión política no avanzar." Y acotó: "
Son muchos chicos, unos 5 por familia, que sufren la demora en la relocalización y además no se los prepara para que el día que se muden tengan plenos derechos y condiciones de habitabilidad. Los nuevos lugares parecieran de un rango inferior al resto de la ciudad. Una mudanza no es solo vivienda digna; también es salud, espacios de recreación, escuelas. Nada de esto está previsto. La idea que subyace es: si el día de mañana van a tener una casa, eso es todo."
